Modelo de demanda para procedimiento ordinario en contencioso administrativo Guía completa en nuestro blog
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I El procedimiento común en el ámbito contenciosoadministrativo en qué consiste
El proceso ordinario en contencioso-administrativo comprende una serie de trámites que deben llevarse a cabo antes de que se dicte la sentencia que resolverá las pretensiones de la parte demandante.
Dentro de las acciones que tienen lugar en el procedimiento ordinario en contencioso-administrativo, la preparación y presentación del escrito de demanda es de vital importancia. Por ello, hemos considerado conveniente ofrecer un formulario o modelo de demanda contencioso-administrativa en procedimiento ordinario, el cual puede consultarse al final de este artículo con fines ilustrativos y de ayuda.
Para una mejor comprensión de lo expuesto, recomendamos revisar los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), ya que en ellos se encuentra la normativa que regula el proceso judicial que estamos analizando.
Demanda contenciosa de nacionalidad Un ejemplo del de Jul
XXXXXXXXXXXXXX,
con domicilio en la Calle XXXXXXXXXXXXXX,
y provisto de DNI número XXXXXXX,
representación que consta acreditada en el Expediente Administrativo que se acompaña, ante la sección arriba referenciada comparece y, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:
Conocer el formato de una demanda es una solicitud muy frecuente que recibimos a través de nuestro perfil de Facebook. Después de reflexionar sobre ello, hemos decidido compartir un ejemplo de una demanda Contencioso-Administrativa para que podáis tener una idea de su contenido. Recordad que este documento NO es un modelo de escrito para interponer un recurso Contencioso-Administrativo, y NO puede utilizarse sin la intervención de un abogado y procurador. Simplemente lo presentamos como una fuente de información visual, y no es el escrito con el que se inicia el procedimiento, así que no tiene valor legal alguno.
Estos datos son útiles para que los funcionarios puedan identificar rápidamente de qué procedimiento se trata, y así proporcionar alguna ayuda, por pequeña que sea, que pueda beneficiar al cliente.
(Esta referencia indica a qué parte del sistema judicial debe ir dirigido el escrito exactamente.)
Yo, XXXXXXXXXXXXXX, Procurador de los Tribunales de Madrid, actuando en nombre y representación de XXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en la Calle XXXXXXXXXXXXXX, y con DNI número XXXXXXX, cuya representación se encuentra acreditada en el Expediente Administrativo que se adjunta, comparezco ante la sección mencionada y, de acuerdo a lo que proceda en Derecho, EXPLICO lo siguiente:
Avance en el Trámite Legal de Controversias en el Ámbito Administrativo
En el Procedimiento Contencioso-Administrativo se establece una primera instancia en forma de Juzgado o Tribunal especializado, según la competencia establecida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). También conocida como etapa de diligencias preliminares, donde se determinan los requisitos procesales necesarios si la Administración actúa como parte activa.
De acuerdo con los artículos 43 y 44 de la LJCA, la Administración debe previamente declarar lesivo el acto y puede efectuar un requerimiento a la misma para que anule, revoque o modifique su actuación ilegal.
La esfera del Juicio Contencioso Administrativo
¿Qué tipo de procedimiento es el recurso contencioso-administrativo? Esta herramienta esencial se utiliza para impugnar las disposiciones generales y los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa.
El recurso contencioso-administrativo es de gran importancia para garantizar la legalidad y transparencia en la actuación de la Administración. A través de él se puede revisar y controlar la legalidad de los actos administrativos, asegurando así que los derechos e intereses de los ciudadanos sean respetados.
Conclusiones
El Procedimiento Contencioso Administrativo es una vía judicial especializada en el ámbito del Derecho Administrativo, que tiene como objetivo principal el examen y la revisión de la legalidad de la actuación administrativa previa.
Para iniciar este procedimiento, es necesario presentar el correspondiente recurso ante los órganos jurisdiccionales pertinentes, como por ejemplo, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo. La competencia para su resolución se determinará de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
El procedimiento se desarrolla en varias fases, que van desde la interposición del recurso y las diligencias preliminares hasta la vista y las conclusiones. Cabe destacar la importancia del plazo para presentar el recurso, ya que su incumplimiento podría conllevar a su inadmisión. Por lo tanto, es fundamental estar atentos a los plazos legales establecidos.
Entendiendo el Propósito de las Medidas Provisionales
Medidas cautelares para garantizar la efectividad del procedimientoLas medidas cautelares son imprescindibles a lo largo del proceso para asegurar la efectiva ejecución de la resolución final. Los interesados tienen la facultad de solicitarlas en cualquier momento del procedimiento.
El procedimiento ordinario contencioso-administrativo: una vía garantista
La justicia ofrece a los ciudadanos el procedimiento ordinario contencioso-administrativo para exigir responsabilidades a la Administración pública. Aunque es complejo y requiere la asistencia de un abogado, siempre es aconsejable contar con los mejores profesionales.
Nuestro equipo de profesionales a tu disposición
Si necesitas ayuda en casos relacionados con la Administración pública, nuestro equipo de profesionales especializados puede ayudarte en cualquier situación. No dudes en contactarnos sin ningún compromiso, estaremos encantados de resolver tus dudas.
Procedimiento y términos para presentar una apelación en el ámbito administrativo
Recurso en el Procedimiento Contencioso-Administrativo:El Procedimiento Contencioso-Administrativo permite interponer un recurso contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, así como contra disposiciones de carácter general. También procede en situaciones de inactividad o vías de hecho por parte de la Administración.
Este recurso está regulado en los artículos 25 y siguientes de la ley 29/1998.
Plazo de interposición del recurso:El plazo para interponer el recurso es de dos meses, a partir de la notificación o publicación de la resolución o acto en cuestión.
En caso de inactividad administrativa, el plazo se extiende a 6 meses, según lo establecido en el artículo 46 de la misma ley.
Análisis del Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo y su Marco Regulatorio
El procedimiento ordinario en el ámbito contencioso-administrativoEn el ámbito contencioso-administrativo, el procedimiento ordinario se refiere al conjunto ordenado de pasos que tienen por objetivo resolver los recursos que se presentan contra los actos de la Administración pública. Este recurso tiene como finalidad impugnar una acción administrativa ante el juez o tribunal, y su regulación se encuentra en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA).
Los recursos administrativos en los conflictos con la Administración públicaEn los conflictos con la Administración pública, existe una particularidad en la que, por lo general, no se recurre directamente a la vía judicial, sino que se debe intentar resolver primero el conflicto con la Administración, a través de los recursos administrativos (alzada y potestativo de reposición). En caso de que sea necesario, se debe agotar esta vía antes de recurrir a la jurisdicción. De lo contrario, existe el riesgo de que el recurso sea inadmisible por parte del juez, ya que la acción administrativa impugnada no era susceptible de ser cuestionada en un tribunal.
En el contexto del procedimiento contencioso-administrativo, el procurador es quien ejerce la representación de las partes ante el juez o tribunal. Según el artículo 23 de la LJCA, en los casos en los que se trate de procesos ante órganos unipersonales (como los Juzgados), las partes pueden otorgar tanto la representación como la defensa a un abogado o abogada. Sin embargo, en los procesos ante órganos colegiados, como los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, la intervención del procurador siempre será obligatoria.
